Durante muchos años se consideró a los trabajadores como únicos representantes del Movimiento Popular. Esta visión resulta ser un tanto sesgada, pues, es indiscutible que los pobladores jugaron un rol preponderante durante la lucha contra la dictadura, no sólo por la forma como ésta se desarrolló sino también por los contenidos que de ella se desprendieron,
aunque su particular dinámica ya tenía larga data, específicamente desde mediados del siglo pasado, donde poco a poco se van configurando como un importante sector social.
Sin embargo, luego de 1983, la crisis económica, la cesantía y el contexto de lucha política contra la dictadura, suscita el crecimiento del poblador como un sujeto social y la población no sólo como uno de los espacios donde se expresan concretamente las condiciones y efectos de la explotación y la cesantía, sino también como el territorio concreto de lucha directa y construcción de organización, cuya expresión demostró ser una experiencia rica en la afirmación de la identidad
popular, la socialización y la autogestión económica.
Esta experiencia acumulada provenía de una historia que constituyó a un sujeto y un espacio más homogéneo, con objetivos ligados en primera instancia, al problema habitacional y que luego fue adquiriendo matices ligados a los intereses de la clase que representan. Este espacio geográfico permanente y punto de confluencia de otros sujetos sociales (trabajadores y
estudiantes), originó la construcción de una identidad propia, con una tradición local, un espacio comunitario que permitió la articulación de redes sociales con facilidad, y que debido a factores antes mencionados (falta de un proyecto popular), fue imposible proyectarlo integralmente al nuevo período.
Si bien la re-estructuración del sistema político-económico no repercutió inmediatamente al interior de los pobladores, los efectos se manifestaron a medida que el mismo modelo se consolidaba, pues, es en el barrio donde se vivencian concretamente los flagelos del sistema que sumen a la población en la pobreza y marginalidad cuyas expresiones se manifiestan cotidianamente en los altos índices de deserción escolar, prostitución, maltrato intra-familiar, drogadicción y delincuencia, por nombrar algunos.
Todas las repercusiones anteriormente señaladas generan tarde o temprano las condiciones para una acumulación progresiva de descontento, la clase dominante pendiente de ello se ha esmerado en mantener controlado a este sector con sus políticas amedrentadoras y de sometimiento. Los mecanismos que se utilizan van desde el asistencialismo practicado principalmente por las ONG, pasando por los planes de “seguridad ciudadana” y las propias municipalidades, los cuales restringen la participación y organización de dicho sector. En el caso de las juntas de vecinos las restricciones responden a múltiples factores entre los cuales se encuentran no sólo las normas institucionales, sino también a la constitución de ellas, por cuanto son utilizadas en ocasiones por aquellos que no necesariamente, representan los intereses de este sector social.
Reconocemos que, respondiendo a particularidades territoriales, últimamente se han ido desarrollando iniciativas que tratan de ir rescatando las importantes experiencias organizativas que ha caracterizado a este sector, tendiente a recuperar lo que la atomización e inmovilización les ha arrebatado, un proceso de recomposición que pensamos debe apuntar a la unificación de la base social con la política.
(Proyecto político FPMR)
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